“Yo dejé de asistir a ese tipo de reuniones porque me dio mala espina y algo me decía que no iba a terminar bien. El tiempo me dio la razón”, declaró un empresario que participó en algunas de las sesiones del “Club de los Constructores” en el restaurante “Balthazar”, en la avenida Canaval y Moreira 308, en
San Isidro.
“¿Usted consiguió que le dieran alguna
obra pública?”, le preguntamos. Aceptó hablar con la condición de no ser identificado ni de mencionar nombres de los implicados.
“Como dejé de ir, no conseguí ningún contrato. Me salvé de la
cárcel”, señaló el empresario con un suspiro de alivio.
“¿Qué tipo de obras eran las que se repartían?”, le interrogamos.
“Las de Provías. Provías porque tenía las obras de mayor presupuesto. Si usted revisa qué obras son las que están investigadas, se dará cuenta”, contestó con convicción a La República.
A partir de la declaración de un
colaborador eficaz que actuó como representante de una compañía que se benefició de un esquema de corrupción que consistía en una concertación para distribuirse proyectos públicos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras, el Equipo Especial del Ministerio Público ejecutó el miércoles 10 de enero un operativo judicial contra 14 empresarios y 4 cómplices u operadores. Las autoridades denominaron al caso
“El Club de los Constructores”, una investigación que se inició hace medio año y que derivó del seguimiento a los pagos de sobornos que hizo Odebrecht para obtener la buena pro de millonarios proyectos, entre ellos algunos de Provías, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Odebrecht fue parte de “El Club de los Constructores”.
De acuerdo con la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en esta primera etapa de la investigación del Ministerio Público están comprendidas 15 compañías (ver recuadro), pero podría ampliarse hasta 30 (ver recuadro) o más. Las pesquisas abarcan el periodo de 2011 a 2014, sin embargo la práctica distributiva de las obras públicas de Odebrecht continuó al menos hasta 2017.
Toma que te doy
El Equipo Especial del
Ministerio Público verificó el testimonio del colaborador eficaz mediante el registro de los pagos que hicieron los empresarios en el restaurante
“Balthazar” y en otros establecimientos donde se produjeron los encuentros de los miembros de “El Club de los Constructores”, además de la revisión de la asignación de las obras públicas por parte de Provías, comprobando que existía correspondencia.
Si bien en la resolución de la jueza Álvarez no se identifican las licitaciones en las que existió concertación entre los integrantes de“El Club de los Constructores” y los funcionarios de Provías, sí consigna las fechas en las que se consumaron los hechos, lo que permite establecer qué licitaciones pudieron haber sido direccionadas en beneficio de los confabulados.
Para avanzar en el caso, el Equipo Especial del Ministerio Público ha resuelto escudriñar en particular las obras de mayor cuantía que concedió Provías entre 2011 y 2014, que son aproximadamente 45.
Al revisar la base de datos de Provías, La República comprobó que en ese periodo se repitió con mucha frecuencia la buena pro a favor de las empresas investigadas. Y resulta coincidente que se trata de los proyectos más cuantiosos. Los miembros de “El Club de los Constructores” resultaron ganadores de casi el 90 por ciento de los proyectos que superaban los 100 millones de soles.Lo que había relatado el empresario, que no quiso ser parte de la conspiración, era cierto. Se quedaban con las obras públicas de mayor presupuesto.
Las licitaciones bajo sospecha que revisa el Equipo Especial del Ministerio Público comprometen casi 10 mil millones de soles de inversiones de Provías (ver recuadro), pero podría duplicarse si se confirma que entre 2015 y 2017 se repitió el esquema de repartición que instituyó “El Club de los Constructores” desde 2011.
El colaborador eficaz explicó a las autoridades que los miembros del exclusivo club se distribuían las obras públicas de Provías por empresa, pero más frecuentemente se consorciaban. El acuerdo consistía en simular la presentación de ofertas económicas y/o técnicas a sabiendas de que serían descalificadas. Sin embargo, ¿cómo pudo consumarse esta metodología sin la participación de los funcionarios públicos? Solo está imputado y detenido el ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Carlos García Alcázar. ¿Pudo él solo haber convencido a los funcionarios del MTC, Provías y de los Comités de Licitación de este organismo ser parte de la concertación para favorecer a los componentes de “El Club de los Constructores”?
“Imposible”, señaló a La República una fuente del Ministerio Público que hizo comentarios con la condición del anonimato: “Tiene que haber habido la participación necesaria o de altos funcionarios del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías, o de los miembros de los Comités de Licitación que otorgaron la buena pro a las empresas que fueron parte de ‘El Club de los Constructores’”.
“Este esquema no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, en el caso del Tren de Lima, la adjudicación a favor de Odebrecht se produjo porque existió concertación entre el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo; el presidente del Comité de Licitación de la Línea 1, Edwin Luyo Barrientos; y la presidente del Comité de Licitación del Tramo II de la Línea 1, Mariella Huerta Minaya. Como se sabe, el resto de los integrantes de los comités de licitación, también están implicados y se les ha encontrado cuentas, dinero y propiedades”, explicaron las fuentes del Ministerio Público.
Se buscan informantes
La República tuvo acceso a la base de datos de Provías e identificó a los funcionarios de este organismo que fueron parte de los Comités de Licitación que otorgaron las buena pro a las millonarias obras públicas adjudicadas a los miembros del llamado “Club de los Constructores”. Varios de estos funcionarios se repiten en la contratación de las compañías bajo investigación, por lo que el Ministerio Público también los ha comprendido en el caso. Para empezar, ya solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos bancarios y ha iniciado la revisión de sus propiedades. Por el momento son 35 (ver recuadro).
En este tipo de casos son importantes los colaboradores eficaces. Por eso, cuando el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar presentó una apelación contra el mandato de detención, el fiscal Oliver Chávez Sánchez insistió en que continuara apresado porque es un personaje clave para desmontar a “El Club de los Constructores”. No obstante que García apeló al sentimiento, e hizo llorar al tribunal y a los presentes con su historia –es padre de dos niños pequeños enfermos que requieren de su atención–, la sala compuesta por los magistrados Susana Castañeda, Ramiro Salas y Juan Guillermo Piscoya, ratificó –secándose las lágrimas– el mandato de encarcelamiento preventivo. La situación extrema de la prisión, y la tragedia familiar que implica su ausencia, podría motivar que Carlos García se ofrezca a la colaboración eficaz.
La investigación fiscal ha impactado en profundidad a la Cámara Peruana de Constructores (Capeco), el principal gremio del sector, porque algunos de los miembros de la directiva, o de algunas muy recientes, aparecen como involucrados. El presidente de Capeco, Enrique Espinoza Becerra, no formuló declaraciones porque no se encuentra en la ciudad. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron a La República que cuatro integrantes del Consejo Directivo, y uno del Comité de Infraestructura, son representantes de empresas investigadas por el Equipo Especial del Ministerio Público.
De acuerdo con fuentes de Capeco, los directivos son el vicepresidente de Cosapi, Fernando Valdez Torero; el gerente general del Grupo Plaza, Elías Plaza Parra; Julián Siucho Dextre, de Constructora San Martín; el gerente general de ARAMSA Construcciones, Federico Aramayo Málaga; y el gerente general de Superconcreto del Perú, Ricardo Manrique Daemisch. La presidenta de la Comisión de Ética de Capeco, Giovanna Arellano, estudia la situación de estos y otros empresarios para un próximo pronunciamiento.
También son parte del caso el propietario de Constructora Málaga Hermanos, Félix Málaga Torres, ex directivo de Capeco. Málaga, quien se encuentra en la situación de prófugo, apeló al mandato de detención bajo el argumento de que las imputaciones del colaborador eficaz son falsas. Pero la sala presidida por la juezaSusana Castañeda desestimó la apelación.
El abogado de Málaga,
César Nakazaki, desestimó la acusación del Equipo Especial del Ministerio Público: "Lamentablemente, la sala (de la jueza Castañeda) no ha querido revisar el sistema que aplica el Ministerio Público que consiste en investigaciones secretas: las pruebas las esconde hasta el día de la audiencia en la que pide detención o prisión preventiva, dejando sin posibilidad de defensa alguna a las personas", explicó el letrado a La República.
"La Sala Penal Nacional ya ha detectado esta metodología ilegal: no puede haber investigaciones secretas. Si hay pruebas, estas deben ser accesibles a las partes para que se defiendan. Los jueces no pueden reemplazar a los fiscales, que es lo que hace el magistrado Richard Concepción Carhuancho. Los jueces de la Sala Penal Nacional actúan como árbitros, y así debe de ser. Mi patrocinado es inocente y la orden de detención es ilegal. Los dichos del colaborador eficaz no están probados", dijo Nakazaki.
Otras compañías como Graña y Montero negaron haber sido parte del 'Club de los Constructores' y se han puesto a disposición de las autoridades.
"En el sector constructor se conocía de las prácticas corruptas de este exclusivo club de empresas, pero nadie se atrevió acusar a ninguna empresa ni a nadie. El colaborador eficaz ha abierto las puertas de un negocio secreto que probablemente ha existido durante más de una década y ha operado en perjuicio del Estado con miles de millones de soles. Estamos recién en el principio del caso", señalaron las fuentes del Ministerio Público: "Les llegó la hora".
Sálvese quien pueda
Entre 2007 y enero del 2017 ejerció como director de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo, en cuya gestión, precisamente, de acuerdo con el colaborador eficaz del Equipo Especial del Ministerio Público, presuntamente se concertaron las adjudicaciones de millonarias públicas entre los integrantes del 'Club de la Construcción'.
Por coincidencia, el reemplazo de Raúl Torres por Ricardo Bernales Uzátegui se produjo en medio de las indagaciones del caso
Lava Jato, que alcanzó a proyectos de obras públicas asignadas por
Provías a empresas brasileñas como Odebrecht, Constructora OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y otras.
Al asumir el cargo, Ricardo Bernales debió hacer un corte drástico para diferenciarse de la anterior administración de Raúl Torres, que incluyó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera (ver recuadro). Pero, además, se inició una investigación interna de todos los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de obras públicas en el periodo 2011-2014.
Para no entorpecer las investigaciones en curso, La República solo puede informar que por el momento se ha detectado que algunos miembros de los Comités de Licitación se repiten cuando se trata de el otorgamiento de la buena pro que favoreció a varias de las constructoras investigadas.
"Se trata de un patrón: se repiten las empresas y se repiten los funcionarios. Pero no solo en el periodo bajo investigación, del 2011 al 2014. Hemos encontrado indicios de que se repite hasta 2017", indicaron las fuentes del Ministerio Público: "Por estrategia, hemos empezado con un grupo de empresas y un paquete de obras públicas, las de mayor presupuesto", agregaron.
El colaborador eficaz identificó a otras empresas participantes del 'Club de la Construcción', entre ellas, Altesa, T&T, JC Montes, Constructora Upacá, Superconcreto del Perú, Aramayo Constructores, Elvi SAC, Constructores y Mineros Contratistas (CYM), Energoprojekt Niskogradnja S.A., Obrascón Huarte Lain (OHL), Conalvías Construcciones y JACSAC, entre otras en proceso de identificación.
El Equipo Especial del Ministerio Público no solicitó al
Poder Judicial intervenir a estas compañías porque el colaborador eficaz no recordaba la identidad de sus representantes u operadores, por lo que la
Fiscalía decidió dejar estos casos en un segundo operativo.
"En la revisión de los comprobantes de pago del restorán Balthazar y del Swissotel, en los que frecuentaban los integrantes del 'Club de la Construcción', se han encontrado a personas relacionadas con la segunda lista. Si se revisa la base de datos de Provías, se comprobará que también recibieron, individualmente o en consorcio, la adjudicación de obras públicas, en particular la construcción de carreteras", señalaron las fuentes del Ministerio Público.
Las autoridades confían en que la información contenida en las memorias de las computadoras, emails, cuentas en las redes sociales, dispositivos electrónicos y otro material incautado durante los allanamientos de las oficinas de los implicados será determinante para identificar a los organizadores del 'Club de la Construcción' y a sus operadores.
"El Poder Judicial aprobó la solicitud de obtención de los registros históricos de las comunicaciones de los investigados, lo que es clave para rastrear desde cuándo funciona este esquema de repartición de obras públicas", añadieron las fuentes.
"¿Cuánto era el promedio de los sobornos?", preguntamos al empresario constructor que no quiso participar de la confabulación.
"En promedio, 10 por ciento del total. Ese porcentaje se lo repartían los operadores, los intermediarios y se supone que los funcionarios implicados", respondió.
"¿Y ese dinero lo pagaban los constructores de su bolsillo?", indagamos.
"¡Ja, ja, ja! Cómo se les ocurre. Los constructores no ponían un centavo. El dinero salía del sobrecosto de las obras. Los sobornos se pagaban con la plata que le robaban al Estado", afirmó.
Montos de contratos bajo investigación (2011-2014)
Constructora Málaga Hermanos: 630.170.901
Construtora OAS: 872.541.982
Queiroz Galvao: 689.289.091
Andrade Gutiérrez: 1.321.383.778
Mota Engil Perú: 1.366.595.589
E. Reyna C. Contratistas Generales: 39.896.111
Obrainsa: 950.171.054
ICCGSA: 741.079.539
Hidalgo e Hidalgo: 127.124.273
Cosapi: 405.892.601
Odebrecht: 489.402.523
Construcción y Administración: 977.058.274
Graña y Montero: 476.751.462
JJC Contratistas Generales: 149.776.440
Grupo Plaza: 161.855.942
Principales obras investigadas por el equipo especial
Avenida Néstor Gambetta-Callao: 789.957.946
Carretera Camaná Desvío Quilca-Matarani-Ilo-Tacna: 553.293.163.
Carretera Huaura-Sayán-Churín: 531.425.832.
Carretera Quinua-San Francisco: 476.751.462.
Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish: 425.423.728.
Carretera Ayacucho-Abancay: 414.717.786.
Carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro: 386.704.336.
Carretera Satipo-Mazamari-Pangoa-Puerto Ocopa: 305.013.261.
Carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca: 245.049.741.
Carretera Hualapampa-Sondor-Huancabamba-Paicapampa: 241.744.267.
Carretera Yauri-Negromayo-Imata: 232.119.675.
Carretera Imperial-Pampas: 218.782.416.
Representates de empresas requeridos por la Fiscalía
Marco Aranda Toledo: Cosapi
Eduardo Sánchez Bernal: Hidalgo e Hidalgo / Construcción y Administración
Franco Burgo Hurtado: Construtora OAS
Nicolay Castillo Gutzalenko: Graña y Montero
Víctor de la Flor Chávez: Andrade Gutiérrez
Ruperto Flores Mancera: Consorcio Von Humboldt
Rafael Granados Cueto: ICCGSA
José Heighes Quiñones: JOHESA
José Heighes Sousa: JOHESA
Félix Málaga Torres: Constructora Málaga Hermanos
Jesús Plaza Parra: Grupo Plaza
Óscar Rosas Villanueva: Queiroz Galvao
Elard Tejeda Moscoso: Obrainsa
Norma Zeppilli del Mar: Mota Engil Perú
Datos
La nueva gestión de Provías comunicó a La República que desde julio de 2017 “inició una agresiva campaña de prevención, control, fiscalización y lucha contra la corrupción”.
Provías también coordina con la Contraloría, la UIF e Indecopi la facilitación de información que es requerida para las investigaciones en curso.
El organismo ha emprendido una investigación interna para “identificar y denunciar actos de corrupción y tomar acciones y sanciones”.
Funcionarios de Próvías relacionados a las contrataciones
Aldo Aguilar Reátegui
Omer Albornoz Falcón
Jorge Ascensios Ponce
Leonardo Baquerizo Rojas
Magdalena Bravo Hinostroza
Karin Bustamante Hidalgo
Renato Caballero La Rosa
Rubén Chacahuasay Soto
Víctor Chávez Benavente
Wilber Conde Aroni
Marco Cruzado Puente
Lidia Espinoza Chávez
Mario Falcón Torres
Renzo Fernández Prada Ríos
Jorge Freitas Farfán
Felipe Huaytán Pajuelo
Paco Jáuregui Rojas
Rolando López Macedo
Edgardo Herbozo Salas
Lissbet Matallana Moreno
Javier Paredes Sánchez
Alfonso Parreño Serpa
Juan Páucar Guerra
Luis Peña Claros
José Prietto Rubio
Carlos Porras Collazos
Lázaro Rivera del Carpio
Ernesto Rojas Jurado
Selvi Ruberto Vargas
Roberto Salinas Álvarez
Manuel Susuki Rojas
Pablo Tang Montane
Raúl Torres Trujillo
Julio Zelada Dávila
